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 La
administración tiene la responsabilidad de controlar que la vigilancia de la
salud cumpla con los criterios reflejados en la legislación en lo que se
refiere a:
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periodicidad adecuada
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específica en función de los riesgos
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consentida por el trabajador
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proporcional a los riesgos
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respeta el derecho a la intimidad y a la dignidad
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salvaguarda de la confidencialidad
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comunicación de los resultados al trabajador
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no ser discriminatoria
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Vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras para detectar precozmente e
individualizar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud de los
mismos.
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Especial protección de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran dentro
de alguno de los siguientes colectivos: discapacitados, expuestos a agentes que
puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación,
trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente, o durante el período de
lactancia, y jóvenes menores de dieciocho años.
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud.
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El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la
salud de los trabajadores.
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