Ruta de navegación

Ciudadanía

El Consejo de Gobierno autoriza la emergencia de las obras del puente sobre la ría de Cubas
19 de febrero de 2026

El Ejecutivo adopta medidas urgentes para garantizar la seguridad vial en la CA141 y actualiza los precios máximos de la vivienda protegida para asegurar la viabilidad de nuevas promociones en Cantabria

Santander – 19.02.2026

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha acordado en su reunión de hoy la declaración de emergencia de las obras de refuerzo estructural del puente sobre la Ría de Cubas, en la carretera CA141 entre Pedreña y Somo, tras confirmarse un deterioro severo de la estructura derivado de patologías no detectadas en su diseño y ejecución original.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado la actualización del Módulo Básico Autonómico, el índice que determina el precio máximo de venta y renta de la vivienda protegida en Cantabria con el objetivo de adaptar los precios a la evolución del coste de construcción, del IPC y de las nuevas exigencias de eficiencia energética, garantizando así la viabilidad de nuevas promociones y fortaleciendo la oferta de vivienda protegida en la comunidad autónoma.

Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa

  • El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del delegado del Gobierno en Canarias, de 20 de enero de 2026, por la que se ordenaba el traslado y reubicación en Cantabria de una persona extranjera menor de edad acogida en el archipiélago.

El Gobierno de Cantabria considera que este traslado, acordado de forma unilateral, afecta directamente a las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de atención a menores extranjeros no acompañados y debe ser revisado judicialmente. Con esta acción, el Ejecutivo regional pretende salvaguardar su capacidad de planificación y organización de los recursos destinados a la protección de menores.

Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

  • El Consejo de Gobierno ha conocido la situación de grave riesgo estructural detectada en el puente sobre la ría de Cubas, en la carretera CA141 entre Pedreña y Somo, y la declaración de emergencia de las obras necesarias para garantizar la seguridad vial.

Los informes técnicos de la Dirección General de Obras Públicas acreditan un deterioro severo del puente, agravado por la exposición prolongada al ambiente marino, que ha generado pérdidas de sección, fisuras y defectos generalizados en pilas, tablero y elementos de pretensado.

Durante la ejecución de trabajos de conservación, los técnicos constataron patologías estructurales mucho más graves de lo esperado, incluyendo oquedades de gran tamaño y vainas de pretensado inoperativas, circunstancias que comprometen la capacidad portante global de la estructura. La inspección detallada confirmó además deficiencias de diseño y ejecución en la obra original.

Debido al riesgo existente para vehículos y trabajadores, se señala la necesidad de actuar de inmediato mediante trabajos de refuerzo estructural, entre los que se incluyen la reconstrucción de pilas, reparación interior del tablero, limitación de cargas y refuerzo mediante tirantes activos. La urgencia impide recurrir a procedimientos ordinarios o negociados, conforme a la normativa de contratación pública.

La intervención tendrá un coste estimado de 5.274.000 euros y un plazo de ejecución previsto de dieciséis meses. Las obras serán ejecutadas por la UTE ya contratada para el proyecto en curso, al disponer de los medios necesarios y estar integrada en la actuación previa.

  • El Consejo de Gobierno ha acordado la actualización del Módulo Básico Autonómico, el índice que determina el precio máximo de venta y renta de la vivienda protegida en Cantabria. Tras una década sin revisiones, el módulo fue actualizado por primera vez en 2024 y de nuevo en 2025, y los informes técnicos indican ahora la necesidad de una nueva actualización debido al aumento de los costes de construcción y del IPC.

Los datos recopilados por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura muestran que el coste medio de ejecución de una vivienda protegida se sitúa en torno a 1.500 euros por metro cuadrado útil, impulsado especialmente por el encarecimiento de la mano de obra y por las nuevas exigencias en materia de eficiencia energética. A ello se suma un incremento del IPC del 2,9 % en 2025, lo que compromete la viabilidad de nuevas promociones si no se actualizan los precios máximos.

Por ello, se propone elevar el módulo básico autonómico de los actuales 1.016 €/m2 a 1.092 €/m2, lo que supone un incremento del 7,5 %. Se mantiene, además, el coeficiente autonómico del 1,6 y se ratifican los tres ámbitos geográficos de precio máximo superior ya establecidos, incorporando en esta actualización al municipio de Ribamontán al Mar dentro del ámbito "A", atendiendo a su dinámica de demanda y características residenciales.

La medida permitirá facilitar la promoción de nueva vivienda protegida, impulsar la participación del sector privado y garantizar el equilibrio territorial del mercado residencial.

  • El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de los convenios de colaboración con diez municipios de Cantabria (Campoo de Yuso, Cartes, Castañeda, Entrambasaguas, Medio Cudeyo, Rionansa, Riotuerto, San Pedro del Romeral, Suances y Valdeprado del Río) para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos municipales por parte del Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública MARE.

Estos acuerdos, que se suman a los 16 aprobados la semana pasada, se enmarcan en la legislación estatal y autonómica que atribuye a los ayuntamientos la competencia de recogida de residuos, permitiendo que aquellos que carecen de medios materiales suficientes puedan solicitar apoyo a la Administración autonómica para garantizar una prestación adecuada y continuada del servicio.

Mediante estos acuerdos, el Gobierno de Cantabria asume la recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales definidos como "recogida en baja", que abarcan desde la fracción resto hasta diversas modalidades de recogida separada, según las necesidades de cada municipio. La prestación se ajustará a los criterios técnicos y estándares de calidad recogidos en la Carta de Servicios de MARE, que garantizan homogeneidad, trazabilidad y un funcionamiento eficiente en todo el territorio.

Por su parte, los ayuntamientos adheridos se comprometen a colaborar en la correcta implantación del servicio, facilitar los espacios necesarios para la instalación de contenedores, comunicar incidencias y abonar los precios públicos vigentes establecidos por el Gobierno de Cantabria como contraprestación por los servicios recibidos. Se trata de importes regulados que cubren el coste efectivo del servicio y que se determinan en función del número de vaciados y parámetros definidos en la normativa autonómica, integrándose en la planificación económica anual de los municipios y en el encargo a medio propio del Ejecutivo autonómico.

Educación, Formación Profesional y Universidades

  • El Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de un convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Cantabria (FEAECantabria), destinado a fortalecer la formación permanente del profesorado en la comunidad autónoma. La iniciativa permitirá ampliar y diversificar la oferta formativa dirigida a docentes, respondiendo a las demandas pedagógicas, tecnológicas y sociales actuales.

Este convenio se enmarca en el compromiso de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de impulsar la mejora continua de los equipos docentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Cantabria, que conciben la formación permanente como un derecho y una obligación profesional. FEAECantabria, entidad especializada y acreditada, aporta un plan anual de actividades alineado con las prioridades del sistema educativo regional.

Esta colaboración, con una vigencia inicial de cinco años, prorrogables otros cinco, permitirá enriquecer la calidad y el alcance de la oferta formativa regional, además, se refuerzan las políticas de actualización profesional docente y consolida alianzas con entidades expertas en innovación educativa.

  • El Consejo de Gobierno ha analizado la propuesta de contratación del servicio de mantenimiento integral del Sistema Integrado de Gestión de Personal Docente (PUNTAL), herramienta informática esencial para la gestión del personal docente no universitario en Cantabria. La actuación busca garantizar la continuidad y modernización de este sistema, cuya arquitectura actual ha quedado obsoleta y presenta riesgos de operatividad.

PUNTAL, basado en tecnología Java Web Start, afronta un bloqueo tecnológico que afecta a su fiabilidad y dificulta su adaptación a los estándares actuales. Por ello, el contrato incluye el mantenimiento evolutivo y la transición hacia una plataforma moderna bajo el framework corporativo AMAP, lo que permitirá asegurar la estabilidad del sistema en los próximos años.

El presupuesto base de licitación asciende a 1.858.843 euros y contempla un máximo de 45.760 horas de servicio técnico especializado, incluyendo perfiles de jefatura de proyecto, de analistas y de analistas‑programadores. La contratación se realizará mediante procedimiento abierto para garantizar concurrencia y obtener la mejor relación calidad‑precio.

El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, prorrogables dos años más, y su ejecución será esencial para asegurar que la Consejería pueda seguir gestionando con normalidad los procesos de personal docente, evitando fallos críticos y reduciendo riesgos derivados de la obsolescencia tecnológica.

Cultura, Turismo y Deporte

  • El Consejo de Gobierno ha autorizado el contrato para la adquisición de una plataforma informática destinada al almacenamiento, gestión y visualización de datos digitales del patrimonio prehistórico de Cantabria, una actuación enmarcada en el Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias, financiado con fondos europeos Next Generation EU dentro del programa RETECH.

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 1.070.615 euros, permite integrar y gestionar la información procedente de la digitalización de cuevas con arte rupestre, fondos arqueológicos y documentación técnica vinculada a los museos de Cantabria y Asturias.

La iniciativa responde a la necesidad de dotar a la Comunidad Autónoma de un sistema avanzado que centralice y explote los datos generados en las actuaciones ya realizadas, como la digitalización integral del patrimonio y la instalación de sistemas de monitorización bioclimática en las cuevas prehistóricas más representativas. Esta plataforma será una herramienta clave para la investigación, conservación y gestión del patrimonio, permitiendo mejorar la toma de decisiones y el acceso a la información científica y técnica.

Salud

  • El Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga del encargo a TRAGSATEC para continuar prestando apoyo técnico en la gestión de fondos destinados a programas de vigilancia en salud pública en Cantabria con el objetivo de dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando desde enero de 2025 para el seguimiento, justificación y tramitación de fondos procedentes del PRTR y del Ministerio de Sanidad.

La prórroga tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de marzo de 2026, y permitirá garantizar la adecuada gestión de proyectos clave, como los sistemas de vigilancia epidemiológica, cribados poblacionales y programas vinculados a enfermedades raras, vacunación e inmunizaciones. La Dirección General de Salud Pública ha destacado que la complejidad de estos programas hace imprescindible mantener el refuerzo técnico especializado.

El acuerdo incluye la autorización de un gasto máximo de 109.621 euros, distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027, en concepto de compensación tarifaria a TRAGSATEC como medio propio de la Administración autonómica.

Con esta prórroga, el Gobierno de Cantabria asegura la continuidad de un trabajo estratégico para la salud pública regional, contribuyendo a la adecuada ejecución, control y auditoría de fondos europeos y estatales destinados a reforzar la capacidad de vigilancia y respuesta ante riesgos sanitarios.